Los institutos superiores se movilizan contra el recorte del CGE

Tras un encuentro virtual con autoridades, comunidades educativas del Departamento La Paz denuncian que la reorganización del Nivel Superior amenaza carreras, puestos de trabajo y el acceso a la educación

Por Vicente Suarez Wollert

Los institutos superiores de La Paz, Santa Elena y Bovril realizaron en las últimas horas un pronunciamiento conjunto a través de las redes sociales para expresar su rechazo a las medidas de “reorganización” —tal como las presentan las autoridades provinciales— de la oferta educativa del Nivel Superior que impulsa el Consejo General de Educación (CGE). La reacción se produjo después del encuentro virtual realizado el martes 2 por la noche, encabezado por Eugenio Medrano, director de Educación Superior del organismo. Durante el meet, el funcionario presentó un diagnóstico basado en planillas comparativas de “déficits” y “superávits” en las carreras de formación docente y anticipó posibles reducciones para el ciclo lectivo 2026.

En este marco, los institutos del Departamento La Paz realizaron movilizaciones simultáneas. En la ciudad de La Paz, la concentración fue en la intersección de San Martín y Berutti; en Santa Elena, la convocatoria tuvo lugar en Plaza Centenario; y en Bovril, frente a la sede del Instituto de Educación Superior local. Las comunidades educativas buscan visibilizar la preocupación que atraviesan y exigir definiciones claras sobre la continuidad de la oferta formativa.

La exposición de Medrano —exsecretario general de la seccional Nogoyá de Agmer y hoy principal responsable del reordenamiento del Nivel Superior en Entre Ríos— generó malestar e incertidumbre entre docentes, directivos y estudiantes. Aunque se mostraron cuadros comparativos y proyecciones, no hubo precisiones sobre si se abrirán o no las inscripciones para 2026 ni sobre cuáles carreras podrán mantenerse. La falta de definiciones concretas se transformó rápidamente en un clima de alarma en todo el territorio provincial.

En La Paz, el ISFD “Prof. Rogelio Leites” publicó un mensaje que se viralizó en pocas horas, y al cual adhirieron de inmediato el IESSE de Santa Elena y el Instituto de Educación Superior de Bovril. En ese comunicado —que los institutos solicitaron difundir de manera textual— expresaron: “Comunidad Educativa del ISFD Prof. Rogelio Leites, IESSE Santa Elena y el Instituto de Educación Superior de Bovril, unidos en el Departamento La Paz en defensa de la educación superior pública. Basta de recortes a la educación superior, porque la medida nos afecta a todos y todas, a vos, a tus hijos, tus nietos, tus sobrinos, tus vecinos. Afecta el futuro de las pequeñas comunidades. Los y las convocamos a sumarse, a levantar la voz, a defender lo que construimos juntos entre varias generaciones. Porque la educación pública no se recorta, no se silencia, no se abandona. Se cuida, se fortalece, se transforma con participación y compromiso”.

Las declaraciones se sumaron a un coro de rechazos que se multiplicó en toda la provincia. Distintos centros de estudiantes, equipos docentes y organizaciones sindicales advierten que la política impulsada desde el CGE amenaza carreras estratégicas para localidades con menor densidad poblacional, donde el instituto superior suele ser uno de los motores culturales, económicos y sociales más importantes. En muchos casos, se trata de las únicas instituciones que brindan posibilidades reales de formación profesional sin necesidad de emigrar a ciudades más grandes.

A la tensión general se agrega el antecedente político de Medrano: en 2021 se distanció de la Agrupación Rojo y Negro —históricamente vinculada a la conducción sindical docente— después de haber sido cuestionado por participar de una marcha apoyada por Cambiemos y Patricia Bullrich. Para gran parte de la comunidad educativa, ese recorrido vuelve aún más opaco el sentido del actual reordenamiento, que consideran regresivo y orientado a un ajuste presupuestario antes que a una planificación pedagógica integral.

El Instituto de Educación Superior de Santa Elena (IESSE) difundió en sus redes un análisis detallado sobre las consecuencias que tendrían los recortes proyectados por el CGE. Según indicaron, 341 horas cátedra del Nivel Superior quedarían sin financiamiento, afectando de manera directa la continuidad de docentes y la permanencia de varias ofertas formativas.

Asimismo, 54 docentes del Nivel Superior podrían ser desvinculados, mientras que 134 suplentes de distintos niveles educativos perderían su fuente laboral. La institución remarcó que el impacto no solo sería pedagógico, sino también económico y social. Más de 100 jóvenes interesados en iniciar una carrera en 2026 quedarían sin cupos, reduciendo las oportunidades de formación profesional en una ciudad donde muchos estudiantes no pueden trasladarse a centros urbanos mayores.

El IESSE también estimó que la pérdida de movimiento estudiantil generaría una disminución aproximada de 30 millones de pesos mensuales en ingresos inmobiliarios dentro de Santa Elena, afectando alquileres, residencias y viviendas destinadas a estudiantes. A esto se sumarían —según el análisis institucional— millones de pesos en pérdidas para comercios, servicios, clubes, gimnasios y transporte, sectores que dependen en buena medida del flujo cotidiano que produce el funcionamiento del nivel superior.

Para los institutos, el recorte configuraría un escenario de fuerte retroceso para las comunidades pequeñas del departamento La Paz. La formación docente, señalan, es una política histórica de arraigo que contribuye a sostener instituciones, estimular la economía local y garantizar el derecho a estudiar sin migraciones forzadas.

Mientras el CGE sostiene que el proceso de reorganización apunta a “optimizar recursos y fortalecer trayectorias”, docentes y estudiantes consideran que el verdadero impacto será la reducción de derechos educativos y la debilitación de la vida comunitaria en pueblos y ciudades del interior provincial.
A la espera de definiciones oficiales sobre la inscripción 2026, los institutos del departamento La Paz avanzan en acciones públicas y en la suma de adhesiones para frenar un ajuste que, afirman, “pone en riesgo no solo carreras, sino futuros posibles”.

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